Condenada la Junta de Castilla y León por dejar que se comieran un monte

El Feixolín era un monte de León, ahora es un agujero que prometen tapar con escombros algún día. Es curioso que al escombro se le llama estéril en el argot minero y que a lo que es El Feixolín se le conoce como cielo abierto, cuando debieran decir suelo abierto, o suelo roto, o suelo destrozado.

Cielo abiertos hay muchos, pero El Feixolín es especial. ¿Por qué? Digamos que es una zona de oso pardo, de urogallo y de especial protección para las aves en la que se vienen detonando entre 5.000 y 10.000 kilos de dinamita diarios desde hace años. No se sabe muy bien por qué, El Feixolín se ha acabado quedando sin osos, sin pájaros protegidos y sin el manto de robles centenarios que lo cubría, como si a estas especies no les viniese bien el ruido de las explosiones, o las explosiones mismas, o las rocas saltando por los aires o las palas excavadoras arrancando árboles del suelo y empujándolos hacia la fosa común de los residuos orgánicos.

Todo esto hacía de El Feixolín una explotación ilegal e ilegalizada. Entre la ristra de condenas que arrastra destacan dos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En ellas se dice que la empresa que lo explota queda obligada a detener toda actividad minera en la zona, establecer las medidas de seguridad necesarias para asegurar la explotación (señalización para que no se caiga un excursionista por el acantilado, principalmente) y largarse de allí con el TNT entre las piernas. Pero eso nunca se hizo.

¿Por qué nunca se hizo? Recuerdo que Victorino Alonso, el dueño de todo aquello, me dio una explicación, con la cara tiznada de carbón, con una cámara grabando y junto al agujero: “Porque un juez diga que esta explotación es ilegal, ¿va a dejar de ser legal? ¿Por qué, porque me falta un papelito?”. El papelito era la declaración de impacto medioambiental, y el juez habían sido dos, y en acatar lo que dicen los jueces reside gran parte del juego al jugamos todos: el Estado de Derecho. Pero la frase y la fanfarronería retratan al personaje: El mayor empresario del carbón de Europa, vestido de minero para salir por televisión y con un Rolex de oro en la muñeca, que, aseguraba, tenía “sólo para bajar a la mina”.

Victorino dijo otra cosa en aquella visita, la segunda o la tercera que hacíamos Ignacio Bernaldo de Quirós y yo a la zona. Era verano de 2007 y nos aseguró que El Feixolín quedaría mejor que nuevo en seis meses. Nacho y yo volvimos en otoño de 2008, 15 meses más tarde, para maravillarnos con la restauración, pero El Feixolín seguía pareciéndose más a la luna que a un paraje protegido por la ley. De esta última visita data el video que os pongo ahí arriba. La imagen habla claramente del asunto.

Hasta ahora, las sentencias del caso Feixolín habían caído sobre la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), hace poco rebautizada como Coto Minero Cantábrico, la empresa de Victorino Alonso. Pero hoy, el TSJ de Castilla y León ha decidido mirar hacia la Junta de Castilla y León. La ha mirado tanto, que la ha condenado a detener toda actividad de la MSP en la zona, a abrir un expediente sancionador contra la empresa (cosa que no había hecho en más de diez de años de ilegalidad ¡!) y a que obligue a la MSP a restituir todo el daño causado.

La cosa pasa por devolver todo el dinero ganado con la extracción ilegal de carbón al menos desde el año 2004 e indemnizar a algún vecino por algún terreno. Pero la cosa también pasa por darle un tirón de orejas a la Junta de Castilla y León (a la que ya ha habido quien ha señalado con el dedo ante el juez cuando se ha buscado un culpable en la Administración, y ese dedo acusador no apuntaba bajo). También pasa por recordarle las tareas a la Consejería de Medioambiente de la Junta, muda, además de inútil, en este asunto siempre que nos hemos puesto en contacto con ella, y han sido unas cuantas. Y pasa por comenzar a sumar a cuánto asciende ese daño causado que hay que restituir, porque, ¿cuánto cuesta un monte?

El Ayuntamiento de Villablino lo calculó echándole un vistazo a las cuentas de beneficios de la empresa y llegó a una cifra: 129 millones de euros, y sancionó a la MSP con esa suma. Era la mayor multa medioambiental habida nunca en Europa. Nunca se cobró, está recurrida y la caución que ha fijado el juez no alcanza el millón de euros. Que ocurra ahora lo mismo o no depende sólo de la Junta de Castilla y León; sería éste un buen momento para despertar después de años de letargo y connivencia, de silencios y sudores, de secretismos y presiones, como dijo aquel técnico ante el juez hace unos meses, “presiones al más alto nivel”. Veremos lo que les presiona a ellos la Justicia.