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El eurodiputado socialista italiano Claudio Fava aseguró que es una “aberración” que tanto los gobiernos europeos como una mayoría del Parlamento comunitario hayan respaldado una norma que permite la retención de los irregulares hasta un máximo de 18 meses.

En la misma línea, su compañera francesa Martine Roure opinó que es “inaceptable” un texto como éste, que establece la posibilidad de que se deporte a menores sin familia a “terceros países con los que no tienen ninguna relación”.

El eurodiputado español de Izquierda Unida Willy Meyer, por su parte, se declaró “avergonzado” ante la aprobación de la normativa. “No me reconozco en esta Europa que pretende deportar a 8 millones de personas recuperando la figura de la detención administrativa”, indicó e hizo un llamamiento a la ciudadanía para que, a través de los sindicatos y las ONG, se movilice contra la directiva.

Los sindicatos también la rechazan

Precisamente, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) expresó en un comunicado sus dudas ante la posibilidad de que algunas disposiciones de la norma sean contrarias a los derechos fundamentales y calificó de “inaceptables” los periodos de detención establecidos, la prohibición de retorno y la deportación a países distintos al de origen.

Las ONG decepcionadas

Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional se mostró “profundamente decepcionada”, pues el texto adoptado “no garantiza el retorno de los inmigrantes en situación irregular en condiciones de seguridad y dignidad”.

“Al contrario, un periodo de detención excesivo de hasta un año y medio, así como la prohibición de regreso a la UE para los expulsados podrían rebajar los estándares actuales en los Estados miembros y son un ejemplo extremadamente malo para otras regiones del mundo”, señaló en un comunicado.

También la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) aseguró desde París que varios puntos del texto “son incompatibles con las obligaciones de los Estados miembros en materia de derechos humanos” y acusó a los eurodiputados de “rechazar la mayoría de las enmiendas destinadas a corregir las disposiciones que contienen potenciales violaciones de los derechos de los inmigrantes”.

La directiva “atesta un golpe a la universalidad de los derechos humanos en el año del 60 aniversario de la Declaración Universal”, indicó la presidenta de la FIDH, Souhayr Belhassen.

SOS Racisme calificó de “vergonzosa” la adopción de la directiva, que “atenta contra los ideales de libertad y convivencia que portan los padres de Europa”.