De la Vega acusa las malas formas que ha tenido la Comunidad de Madrid con la asignatura de educación para la ciudadanía en los últimos días. La vicepresidenta quiso dejar claro que están "engañando a los padres y poniendo en peligro la educación" de los hijos de los madrileños.

AGENCIAS
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acusó este viernes a la Comunidad de Madrid de actuar de forma "muy grave y muy irresponsable" al permitir que los alumnos puedan objetar el próximo curso ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía, lo que calificó como una "llamada a la insumisión".
"No puede llamar al incumplimiento de una ley aprobada por el Parlamento", afirmó De la Vega en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes de las elecciones del domingo. "En democracia las leyes están para cumplirse por encima de los credos políticos o religiosos".
La vicepresidenta acusó asimismo a la Comunidad de Madrid de estar "engañando a los padres y poniendo en peligro la educación de los hijos".
La consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, indicó el jueves que la Comunidad estimará "positivamente" las objeciones de conciencia y dará "instrucciones" a los colegios e institutos para que todos los objetores reciban "la adecuada atención educativa" mientras dure el horario de las clases.
La alternativa a Educación para la Ciudadanía la decidirán los propios centros, que, según Figar, ya tienen experiencia con otras cuestiones, como la religión católica o cuando un alumno por un problema no puede cursar Educación Física.
Una sentencia para todas
La Consejería tomó su decisión dos días después de conocerse una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que apoyaban a unos padres que habían objetado ante la asignatura porque vulneraba su derecho a decidir cómo educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones.
Figar dijo que aunque esta sentencia se refiere a un caso concreto, los argumentos que recoge son "de carácter universal" y les parecen de "plena validez". El fallo será recurrido por la Fiscalía ante el Supremo.
De la Vega, por su parte, no quiso valorar el respaldo a la objeción por parte del TSJA, aunque recordó que hay otras sentencias sobre el mismo asunto —Asturias y Cataluña— que no son coincidentes.
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