Este testimonio, que el ex ministro remitió al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska el pasado día 14, ha sido puesto a disposición de las acusaciones particulares en la causa, constituidas por los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente.

Federico Trillo, que se acogió al derecho a declarar por escrito que tiene como ex ministro, ha contestado a las preguntas que le hizo llegar el juez en un cuestionario que consta de 23 páginas y en él se lava las manos y no asume la responsabilidad como máximo responsable político de aquellos militares. Reitera que él no tuvo nada que ver con el alquiler del avión accidentado, que no era de su competencia y apunta a la cúpula militar.

Asimismo, afirma que la actitud de las familias de las víctimas, que le increparon durante el funeral, fue la razón -según indica el ex ministro en su declaración- de que decidiese poner su cargo a disposicón de Aznar con la "convicción de que aquella condena que habían personalizado en mí no tenía vuelta atrás".

Sin embargo, Federico Trillo explica al juez que José María Aznar le respondió: "Pero la responsabilidad del accidente no es tuya, tú lo sabes y no puedes asumirla. Tu responsabilidad es precisamente averiguar las verdaderas causas del accidente y dar el máximo apoyo y explicaciones a todas las familias, que deben seguir siendo nuestra principal preocupación".

Bono declarará el día tres

El siguiente en declarar como testigo en la causa, que se ciñe exclusivamente a la parte de la contratación del avión, será el sucesor de Trillo al frente del Ministerio de Defensa, José Bono, que ha sido citado para el próximo 3 de abril a las 10.00 horas.

Su comparecencia, prevista en principio para el pasado 18 de febrero, fue retrasada sin una fecha determinada hasta que el juzgado recibiera el testimonio de Trillo, lo que ya se ha producido. Él no testificará por escrito y sí que acudirá a declarar ante el juez.

Fernando Grande-Marlaska investiga el accidente del Yak-42, ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003 y en el que fallecieron 62 militares, en la parte relativa a la contratación del aparato, después de que la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa que él mismo había archivado el pasado junio.