AGENCIAS

A plena luz del día, varios tenderetes tienen apilados sacos de arroz con el emblema de la ONU y las siglas del WFP (Programa Mundial de Alimentos, PMA), según se pudo comprobar en Theingyi Zei, el mayor bazar de Rangún.

Otros puestos venden frutos secos y verduras en cajas que portan el sello 'Ayuda del Reino de Tailandia', debajo de grandes pegatinas con imágenes de altos jerarcas de la Junta Militar, entre ellos su máximo líder, el general Than Shwe.

Mientras decenas de cooperantes extranjeros del PMA esperan en Bangkok a que las autoridades birmanas les concedan un visado para viajar a las zonas devastadas por el ciclón, donde más se les necesita, los acérrimos del régimen y los comerciantes se lucran con el material de emergencia donado por la comunidad internacional.

Un incremento insostenible

Preguntado por la procedencia del grano, un comerciante, de origen indio, se limita a señalar su precio: 3.000 kyat por un cuenco, equivalente a unos diez dólares al cambio oficial, algo menos de 3,5 dólares en el mercado negro y casi el doble de lo que se pagaba hasta ahora.

Antes de que el ciclón Nargis arrasara hace tres semanas el sur de Birmania, un bol de arroz, la ración diaria habitual de una familia de cinco personas, costaba 800 kyat.

Sin embargo, a los pocos días de la catástrofe, la escasez y el temor a una falta de abastecimiento duplicó su valor hasta los 1.600 kyat (1,70 dólares), pese a que cerca de la mitad de los 53 millones de birmanos subsiste con menos de un dólar al día.

Y ése es el precio del cereal de peor calidad, recogido antes del ciclón o en los cultivos de la mitad norte del país, menos fértiles: "El arroz extranjero es más caro porque es fresco, no se está pudriendo como el resto", explica una anciana que no quiso revelar su nombre por temor a los militantes de la Asociación para el Desarrollo y Solidaridad de la Unión (USDA), grupo paramilitar al que acusó de traficar con la ayuda humanitaria.

Miedo a los paramilitares

Algunos birmanos temen incluso más que a las fuerzas de seguridad a esta organización paramilitar auspiciada por el régimen, que en 2003 mató a unas 70 personas en el ataque llevado a cabo al norte del país contra la Nobel de la Paz, Aung San Su Kyi y sus seguidores.

Empleada por la junta para intimidar a opositores e informar de cualquier actitud subversiva, sus 24 millones de afiliados patrullan las calles armados con porras para golpear a estudiantes, activistas y, tras las manifestaciones a favor de la democracia del pasado septiembre, también a los monjes budistas, antaño intocables.

La mujer afirma que cada mañana, miembros de la USDA aparcan en una de las entradas del bazar sus vehículos militares, de los que descargan arroz, agua potable y mantas que han incautado al personal local de las agencias de ayuda humanitaria.

La Junta sigue en sus trece

Desde que comenzó a llegar a cuentagotas la ayuda, las ONG aseguran que sus convoyes tienen muchas dificultades para trasladar alimentos y medicinas al delta, y denuncian que en ocasiones sus trabajadores se han visto obligados a entregar parte del cargamento al Ejército, como si de un peaje se tratara.

El Gobierno lo niega y atribuye las acusaciones a "noticias dañinas y falsas" de los medios de comunicación extranjeros, que quieren "socavar la soberanía nacional" aliados con la Liga Nacional por la Democracia, liderada por Suu Kyi; aunque insiste en seguir distribuyendo la ayuda con su propio criterio dejando así clara su escala de prioridades.