El Senado de Estados Unidos ha legitimado la práctica de las escuchas telefónicas que el gobierno de George W. Bush implementó desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 con la aprobación de la Ley de Escuchas Telefónicas.

Está previsto que en los próximos días su orgulloso creador la promulgue desde el Despacho Oval, después de haber sido aprobada con 69 votos a favor y 28 en contra.

“Ahora es más fácil proteger a los ciudadanos estadounidenses”, aseguró el propio Bush, que subrayó que gracias a la nueva norma "es posible saber lo que dicen (los terroristas) y lo que están planeando".

Entre otros elementos, la iniciativa autoriza escuchas sin permiso judicial que utilizan las redes de EE.UU., sean de estadounidenses o de extranjeros. Pero no es sólo eso, porque en ella se incluye otras nuevas tecnologías de comunicaciones como Internet y el correo electrónico.

Carácter retroactivo

Muchas empresas que hasta ahora han tenido que realizar escuchas a sus clientes en nombre del Gobierno no serán sancionadas por demandas multimillonarias de personas que alegan que las escuchas violan las leyes sobre privacidad, ya que la ley amparará a todas ellas.

Los legisladores coincidían en que era necesario modernizar la legislación similar de 1978, pero los demócratas exigían que la nueva ley estableciese límites, de alguna manera, al poder del Gobierno de recopilar información.

La ley supone un triunfo político para Bush, que exigía la aprobación de la ley con el argumento de que un rechazo podría provocar la pérdida de "pistas clave" para evitar nuevos atentados. Sin embargo, la medida ha suscitado duras críticas de defensores de las libertades civiles.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la ley de "inconstitucional" y de "asalto a las libertades civiles y el derecho a la privacidad".

"Esta legislación da al Gobierno vía libre y un cheque en blanco para acceder sin autorización judicial a las comunicaciones internacionales de estadounidenses inocentes", afirmó el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, en un comunicado.

El candidato presidencial demócrata, Barack Obama, votó a favor de la medida, mientras su rival, el republicano John McCain, no estuvo presente en la votación porque en ese momento se encontraba en un acto de campaña en Portsmouth (Ohio), según fuentes legislativas.