El presidente de la sección decimoquinta de la Audiencia, Alberto Jorge Barreiro, ha calificado de "contradictorias" la sentencia del caso Atutxa, que permite que la actuación de la acción popular cuando no existe perjudicado concreto, y la "doctrina Botín" del Tribunal Supremo, que limita el papel de las acusaciones populares en los procedimientos abreviados.

Por ello, el tribunal ha decidido seguir la denominada “doctrina Atutxa” para que en el “caso del ácido bórico” sea la acción popular la que lleve a cabo la acusación.

El presidente de la sala decimoquinta de la Audiencia, Alberto Jorge Barreiro, ha decidido además expulsar del proceso a la Abogacía del Estado, que había pedido el archivo de la causa y no ejercía ni acusación ni defensa alguna, aunque la decisión puede ser recurrida.

El juez ha explicado que no existe figura procesal prevista en la ley a la que se le permita "esa especie de parte indeterminada, plural y que pueda disparar a cualquier sitio", y ha añadido que esto generaría "indefensión" al resto de las partes.

Respecto a la decisión del tribunal de continuar con el procedimiento, el juez ha asegurado que en este caso, al tratarse de delitos de falsedad y contra la administración de Justicia, existe un "bien jurídico colectivo", al margen del perjuicio personal a particulares que pueda darse.

El tribunal ha desestimado así la petición de sobreseimiento de la causa formulada por el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, y ha optado por admitir la acusación popular, que ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y el sindicato Manos Limpias, para que el juicio se celebre.

En este juicio las acusaciones populares han sentado en el banquillo a cuatro mandos policiales, a los que acusan de manipular un informe elaborado por tres peritos que relacionaba ETA con el 11-M a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los condenados por los atentados.

A partir de hoy y durante cuatro sesiones, se sentarán en el banquillo de los acusados el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; el secretario general de la Comisaría General de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, y el jefe de la sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez.

Los mandos policiales están acusados de presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio, y a Santano le imputan además un delito de encubrimiento, por lo que las acusaciones solicitarán para ellos penas de entre 6 y 9 años de cárcel y de entre 6 y 18 de inhabilitación, así como multas de 108.000 euros y tres años de suspensión de empleo.

Observaciones que desaparecieron

Según los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones, los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique incluyeron en su informe sobre el ácido bórico unas observaciones en las que se relacionaba esa sustancia con el hallazgo de la misma en un piso franco de ETA en Salamanca en 2001 y en la vivienda de un "antisistema" en Madrid en 1999.

Su estudio se lo dieron a Ramírez, quien "conocía la existencia de una consigna, en cierto sector de la Policía, que exigía que no se informase a la Audiencia Nacional de ningún vínculo que pudiera existir entre ETA y el 11-M", por lo que se lo dijo a Mélida, y éste a su vez telefoneó a Santano, que estaba de vacaciones.

"La orden que Santano dio a Mélida y éste transmitió a Ramírez fue contundente: que se elimine del informe todo lo referente a ETA", sostienen las acusaciones, que aseguran desconocer si fue una "decisión personal" o si lo ordenó a instancias de "estamentos superiores", como el entonces Comisario General de Información, Telesforo Rubio, o el ex ministro del Interior José Antonio Alonso.

Ramírez pidió entonces a los peritos que suprimieran "todo lo referente a ETA" y, al no hacerlo, los acusados "deciden modificarlo" quitando tales observaciones, tras lo que se destruye el primer informe, lo que fue descubierto por Escribano posteriormente.