El Gobierno italiano ha introducido dos enmiendas en el Parlamento que prevén la suspensión por un año de los procesos penales iniciados contra delitos que no revisten una gravedad relevante y que fueron cometidos antes del 30 de junio de 2002.

Si se aprueba, esta medida beneficiaría al propio primer ministro, Silvio Berlusconi, que todavía está imputado por corrupción en actas judiciales en el llamado caso Mills. De hecho, en Italia estas medidas ya han sido bautizadas como "salva-Berlusconi".

Ambas enmiendas han sido presentadas por sorpresa dentro del polémico paquete de medidas con el que el Gobierno se propone aumentar la seguridad ciudadana.

La jugada parlamentaria hizo saltar la alarma entre las filas de la oposición, empezando por el líder del Partido Democrático, Walter Veltroni, que hasta ahora había preferido la moderación y la apertura al diálogo.

"En estos días se decide el futuro de esta legislatura", amenazó, al tiempo que pronosticó un "cambio de clima" si "el comportamiento [del Gobierno] sigue siendo el mismo que el de las últimas semanas".

El Partido Democrático y su principal aliado, la Italia de los Valores (IdV), no dudaron en calificar la introducción de estas enmiendas como una ley 'ad personam', que lo único que busca es "salvar a Berlusconi y a sus amigos".

“Sólo queremos mejorar la Justicia”

En cambio, el introductor de las enmiendas, Filippo Berselli, explicó que el único objetivo de esta iniciativa es desatascar el sistema judicial, dando "un canal preferencial a los procesos que hacen referencia a delitos graves o gravísimos".

"No es posible que cada vez que se quiere hacer una ley para mejorar los problemas de la Justicia haya alguien que piense que lo único que se pretende es beneficiar a Berlusconi", lamentó.

El último caso

Durante las últimas dos décadas Berlusconi se ha enfrentado a diversos casos de corrupción relacionados con su patrimonio empresarial. Todavía está pendiente la resolución de uno de ellos, en el que está acusado de soborno al abogado británico David Mills, y por el que se le piden hasta ocho años de prisión.