AGENCIAS

La nueva directiva es más dura que el proyecto de la Comisión de hace dos años y medio, ya que reduce el control de los jueces en los procesos de internamiento de los 'sin papeles'. La norma permite ahora que los internamientos sean acordados también por "las autoridades administrativas" y no sólo las judiciales.

El texto cuya votación ha sido pospuesta este miércoles por falta de acuerdo es el resultado de un compromiso alcanzado hace dos semanas por la presidencia eslovena y representantes de la Eurocámara.

El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos.

Por ejemplo, en estos momentos, un total de 9 países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes.

Estos Estados miembros se verán obligados a cambiar su normativa para introducir el nuevo límite de seis meses, que se podrá ampliar a 18 si hay una falta de cooperación del inmigrante o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países.

Los 'sin papeles' expulsados a su país tendrán prohibida la entrada en territorio europeo durante cinco años

A España no le afectaría este límite porque en la actualidad el periodo máximo de retención es de 40 días y, una vez finalizado ese plazo, los inmigrantes quedan en libertad, aunque su orden de expulsión no haya sido ejecutada. Pero, la directiva de retorno no obliga a España a ampliar el plazo.

Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los Estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación.

Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y 30 días. La directiva de retorno se aplica también a los menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.