AGENCIAS

El Gobierno va a poner en marcha un proyecto de real decreto para garantizar la confidencialidad e intimidad de las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo.

El Ejecutivo venía ya trabajando hace tiempo en este real decreto, que afecta a varios ministerios (Sanidad, Justicia e Igualdad), y cuya finalidad es mantener oculta la identidad de las mujeres que se sometan a un aborto en los supuestos que contempla la ley.

"Nadie, absolutamente nadie, puede entrometerse en la intimidad de las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo", destacó la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega al anunciar el proyecto, advirtiendo de que no se tiene que añadir "escarnio público" a una mujer que de por sí afronta con sufrimiento una decisión tan difícil.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído explicó que el nuevo proyecto obligará a todos los centros que separen el historial clínico de los datos personales de la mujer que decide interrumpir su gestación, volviéndolos confidenciales mediante un código secreto.

De esta forma, en el historial clínico de la paciente no figurará su nombre ni ningún dato que pueda identificarla, solo este código que le será entregado a la paciente al inicio de la prestación.

La nueva norma contempla, según destacó Aído, "que se garanticen unos requisitos mínimos de calidad" en todos las clínicas que realizan abortos, entre los que figuran efectuar pruebas como ecografías y analíticas antes y después de la intervención.