AGENCIAS

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Coslada justifica el ingreso en prisión de los imputados por su presunta implicación en la trama de corrupción y extorsión a comerciantes y prostitutas del municipio madrileño.

Para dos de los agentes, David M.G. y Pedro P.F., decretó prisión eludible bajo fianzas de 6.000 euros y 12.000 euros, respectivamente, según informó el TSJM. Una vez que abonen estas cantidades, ambos deberán presentarse semanalmente en el juzgado, así como mantenerse alejados del lugar de los hechos y comunicarse con las víctimas.

A Ginés, supuesto cabecilla de la red corrupta. se le imputan delitos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia y depósito de armas.

A su número dos, de nombre Carlos, se le acusa de asociación ilícita, incitación a la prostitución, abusos sexuales, contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de droga y dinero, prevaricación, estafa y contra la Administración de Justicia por la manipulación de pruebas.

Los imputados abandonaron sobre la medianoche en furgones policiales las dependencias judiciales con dirección al módulo ocho de la cárcel de Alcalá Meco.

La magistrada se ha inhibido en favor del titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, Eduardo Cruz Torres, que es quien lleva las investigaciones sobre la trama de corrupción policial y, según las fuentes consultadas, tendrá que ratificar en un plazo de 72 de horas el ingreso en prisión de los detenidos.

Alarma social

La fiscal solicitó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de los imputados basándose en la gravedad de los hechos cometidos, en la posible obstrucción a la acción de la justicia, la alarma social creada y el abuso de autoridad.

Todos los cabecillas se declararon inocentes de los cargos que se les imputan por su presunta implicación en la red de extorsión a comerciantes del municipio. El delito común del que se acusa a todos los detenidos es "asociación ilícita" por pertenecer al grupo 'Bloque', palabra que incluso llevaban tatuada en el cuerpo.

Por su parte, el abogado Alberto Fernández Palacios, que representa a Carlos, criticó que la fiscal utilice como argumentación la alarma social puesto que este indicio es "inconstitucionalmente improcedente puesto que no está previsto en la Ley". "La alarma social la ha creado el pueblo y los medios de comunicación", indicó.

Los otros dos imputados, Adrián Jaranego y Jorge López Aznar, ingresaron en la prisión de Soto del Real por orden del titular del Juzgado número 21 de Madrid, ante el cual declararon durante la jornada del domingo.