Ocho de los 14 procesados fueron declarados culpables por el tribunal, y cinco de ellos condenados a penas superiores a los cinco años.

Camacho fue sentenciado a 11 años de prisión, tal y como pedía la Fiscalía Anticorrupción, ocho como autor de un delito continuado de apropiación indebida y tres por otro de falsedad en documento mercantil.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró además responsables civiles subsidiarios a Caja Madrid y La Caixa, entre otras entidades que tuvieron vinculación con la sociedad. El tribunal calculó un déficit patrimonial de casi 88 millones de euros, del que deberán responder inicialmente los condenados.

Fachada para la desviación de fondos

La sentencia considera que los condenados despatrimonializaron la sociedad, desviando los fondos que les habían confiado sus clientes, "manteniendo una situación aparentemente normalizada pero que en realidad constituía una mera fachada a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de desapoderamiento de los capitales y valores invertidos por los clientes".

El director general de la agencia, José María Ruiz de la Serna, fue condenado a 10,5 años - 7,5 y tres, respectivamente - como autor de los mismos delitos que Camacho, y el principal comercial, Aníbal Sardón, a nueve años - siete y dos, respectivamente -, también por los mismos cargos.

El subdirector general, Francisco Javier de la Sierra Flor, fue sentenciado como autor de un delito continuado de apropiación indebida a seis años y medio, mientras que el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil fue considerado cooperador necesario de este mismo delito y recibió una pena de seis años.

La ex presidenta de la agencia de valores, Pilar Giménez-Reyna, fue condenada a tres años y medio como cómplice del delito continuado de apropiación indebida, lo mismo que a José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats Oria, sentenciados a tres años.

Giménez-Reyna "no era ajena a la irregularidad actividad que en el seno de la empresa se estaba llevando a cabo en perjuicio de los clientes", según la sentencia.

Absueltos

Entre los absueltos figura Laura García-Morey, esposa de Camacho, sobre la que el fiscal retiró las imputaciones en su escrito final.

El denominado "caso Gescartera" ha sido uno de los escándalos financieros más importantes de los últimos años y supuso la desaparición en 1999 de recursos por valor de unos 14.000 millones de pesetas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores intervino la agencia de valores en julio de 2001 tras detectar varias irregularidades. Se estima que unos 2.000 inversores y pequeños ahorradores se vieron afectados por el escándalo.