El gremio de promotores está trabajando para que no se den más situaciones del tipo que vivió el lunes la compañía que preside y controla Fernando Martín, que protagonizará la primera suspensión de pagos de una inmobiliaria cotizada. “Ojalá fuera un caso aislado y aunque no tenemos datos concretos de la situación de otras inmobiliarias, puede ocurrir algún otro caso", afirma el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), José Manuel Galindo.

Para el presidente de Asprima, la crisis que vive el sector inmobiliario "era presumible", aunque reconoció que lo que está sucediendo actualmente "no estaba escrito en los libros", porque han sido "factores exógenos" los que han provocado la falta de liquidez de las inmobiliarias. 

La crisis por la que pasa el sector, según señala Galindo, "es un problema de todos" e indicó que, aunque las entidades financieras deben velar por sus riesgos, también deben entender que las relaciones con las inmobiliarias deben gestionarlas conjuntamente.
  
Para el presidente de Asprima, el hecho de que en un momento "determinado" una compañía no pueda pagar una amortización de una deuda no significa que esa inmobiliairia no tenga capacidad de pago, sino que se trata de un problema "puntual y conyuntural". 

Urgen nuevas medidas
 
Asimismo, demandó al Gobierno medidas económicas de "la forma más eficiente posible" que tiendan a la creación de riqueza y empleo en el sector inmobiliario, que, en su opinión, es "capaz de arrastrar" a otros sectores.
  
"Todo el mundo reconoce que esta crisis no es sólo del sector inmobiliario, es una crisis que se puede calificar de sistémica, trasciende lo local y el ámbito geográfico que corresponde", señaló Galindo, quien señaló que el actual escenario cambiará en el momento en el que empiece a haber liquidez en los mercados financieros y las entidades puedan dar más financiación al sector.

Nada de ayudas

Pero el Gobierno afirmó este martes que ve con "preocupación lo que está  pasando en el sector" inmobiliario, por lo que no descarta que  en el futuro se produzcan más casos como el de Martinsa-Fadesa,  aunque asegura que está "expectante y vigilante".

Ssegún la directora general de Arquitectura y  Política de Vivienda, Anunciación Romero, la  situación de Martinsa-Fadesa no es de "quiebra", sino de un  concurso de acreedores al que ha accedido de forma voluntaria. Además, advirtió a la empresa de que ahora "deberá intentar  renegociar" su deuda y "buscar una salida" a la situación que  atraviesa.

Romero reiteró que la función del Gobierno en este momento  es la de "garantizar todos los derechos de los ciudadanos". En  este sentido, apuntó que la relación entre los clientes y  Martinsa-Fadesa es "contractual", por lo que el Ejecutivo deberá  "vigilar para que se cumplan las condiciones de ese contrato".

Respecto a los pisos de Martinsa-Fadesa que están en fase   construcción, la directora general afirmó que la empresa "tiene  la obligación de acabar con las viviendas que ya estén  iniciadas".

Sobre la supuesta promesa por parte del Gobierno de que el  Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiaría 150 millones de  la deuda de la empresa, Romero negó que existiera este  compromiso ya que "no es posible". "No puede ser que se financie o refinancie la deuda de una  empresa privada con dinero público", afirmó. En este sentido,  subrayó que el ICO "no está para eso, no es su función".