El plan, articulado en un Real Decreto-Ley y un Acuerdo del Consejo de Ministros, se centran en dos ejes de actuación: uno social, de protección de trabajadores, empresas y familias ante la desaceleración; y otro económico, de impulso de la actividad por vía presupuestaria.

Con la "condición fundamental de mantener la estabilidad presupuestaria" a lo largo del ciclo, el conjunto de medidas incluye rebajas de impuestos, ayudas a las familias con hipotecas y a las empresas, estímulos para la financiación de vivienda protegida y rehabilitación de edificios, y un plan de recolocación de parados, entre otras.

Parados

El plan para recolocar a los desempleados, que tendrá un coste de 201 millones de euros, se centra en reforzar la inserción laboral y formación profesional.

Además, se dará una ayuda de 350 euros mensuales durante tres meses a los parados con especiales dificultades de inserción laboral y cuyas rentas sean inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), índice de referencia en España para el cálculo del umbral de ingresos.

Deducciones y otras medidas

De los 10.000 millones que el Gobierno prevé inyectar en la economía española, 6.000 millones (equivalentes el 0,9 por ciento de la renta disponible de las familias) corresponden a la deducción de 400 euros que se aplicará a los contribuyentes.

La tercera medida prevé que las obras en un edificio se consideren rehabilitación cuando su coste supere el 25 por ciento del precio de compra, sin incluir, como hasta ahora, el precio del suelo, con lo que se amplia el número de obras que se beneficiarán de una fiscalidad más ventajosa, ya que podrán recuperar el IVA soportado, con lo que se estimulará la actividad en la construcción.

Eliminar el gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio desde el 1 de enero de este año es la cuarta de las medidas aprobadas y por la que Hacienda dejará de ingresar 1.800 millones.

Ayuda a la hipoteca

Ayudar a las familias con hipotecas es el objetivo de la quinta medida, que elimina los gastos de ampliación del plazo de amortización. Su entrada en vigor está prevista para mayo y tendrá una vigencia de dos años.

No obstante, el Gobierno no ha ultimado este compromiso con las entidades financieras, que incluye además la supresión de los gastos fiscales de estas operaciones, así como los registrales y notariales.

Ayuda a la empresa

Entre las medidas dirigidas a las empresas, destaca la mejora de las condiciones de créditos para pymes y la posibilidad de solicitar la devolución del IVA mensualmente, lo que aumentará su liquidez.

Vivienda protegida y obra pública

Con el fin de estimular la financiación de la vivienda protegida, se ha ampliado en 2.000 millones la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinados a préstamos hipotecarios para viviendas protegidas.

La novena medida pretende agilizar la obra pública y, para ello, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos analizará trimestralmente el grado de ejecución de la misma y propondrá las medidas necesarios para acelerarla.

Para reforzar la construcción de vivienda protegida se convocará, de forma urgente, la Conferencia Sectorial de Vivienda, con el fin cumplir el objetivo de construir 150.000 viviendas protegidas al año y promover la rehabilitación y mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de los edificios.

La última medida prevé atraer inversión extranjera, y para ello se mejorará la fiscalidad de la Deuda Pública y otros instrumentos de renta fija para no residentes.