Los agricultores argentinos han anunciado la suspensión temporal, este miércoles, de la huelga que paraliza el sector agrario desde hace meses, para retomar el diálogo con el Ejecutivo de la presidenta argentina.

Tras los pedidos de varios sectores para retomar la negociación, la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) resolvieron levantar la protesta y abrir una tregua a la protesta que permita reabrir el diálogo.
Estas organizaciones de productores habían acordado como medida de presión, en protesta por los impuestos a las exportaciones de granos aprobadas por Cristina Fernández de Kirchner, no comercializar granos con el exterior.
Crisis mundial de alimentos
Las asociaciones del campo, que reúnen a unos 290.000 productores, declararon el pasado 2 de abril una tregua de treinta días tras tres semanas de la huelga que habían convocado en rechazo al nuevo esquema impositivo para las exportaciones.
Sin embargo, el firme rechazo al incremento de las retenciones y la falta de disposición del Gobierno a revisar la medida derivaron en el regreso a las protestas el pasado 7 de mayo.
La semana pasada, el sector había resuelto extender hasta el próximo miércoles su decisión de no comercializar granos con destino a la exportación, en momentos en que en todo el planeta se hace sentir con fuerza el encarecimiento de la oferta de alimentos.
Argentina es el primer exportador mundial de girasol, el segundo de maíz, el tercero de soja y el cuarto de trigo, y ocupa también puestos de relevancia en el comercio global de derivados (aceites y harinas) de estos granos.
Se calcula que los productores retienen unos 44 millones de toneladas de granos, casi un 45 por ciento de la cosecha del país, que comenzarían a liberar a partir del miércoles.
La decisión adoptada por el campo se da en un contexto de creciente hastío social por la dilación del conflicto, que estalló el pasado 11 de marzo, cuando el Gobierno impuso un nuevo esquema de impuestos móviles a las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz que los agricultores tachan de "confiscatorio".
El Gobierno de Cristina Fernández parece haber acusado recibo de este clima de hartazgo y en los últimos días bajó el tono de la disputa, con miras a restablecer el diálogo interrumpido hace ya dos semanas.
El Ejecutivo argentino argumenta que los impuestos a las exportaciones de granos son necesarios para asegurar el abastecimiento de alimentos al mercado doméstico a precios razonables, frente a la fuerte demanda externa que ha encarecido las materias primas.
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