Estrenaremos 2010 con nueva ley del aborto.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha anunciado la composición del Comité de Expertos que en los próximos seis meses estudiará la reforma de la ley del aborto, integrado principalmente por expertos en Obstetricia y Ginecología, y en Derecho Penal.

Sus conclusiones se sumarán a los trabajos de la subcomisión del Congreso que redactará la norma.

Según Aído, el texto resultante será una "nueva ley", no una mera reforma.

A su juicio será "la mejor ley posible", porque incorporará "lo más destacado del panorama internacional", y entrará en vigor "a finales de 2009 o principios de 2010".

La nueva norma garantizará, no sólo la seguridad jurídica de mujeres y médicos, sino también la equidad territorial para evitar que haya diferencias en la aplicación de la futura ley según la comunidad autónoma en la que se viva.

"No puede ser que en España una mujer tenga dificultades para interrumpir su embarazo o que el tratamiento que reciba sea distinto en función de la comunidad en la que resida", ha declarado la titular de Igualdad.

Entre los miembros del Comité de Expertos, que trabajarán junto a altos cargos de los ministerios de Igualdad, Justicia y Sanidad, figuran la ginecóloga Elena Arnedo y la directora general de Responsabilidad Social Corporativa del Gobierno balear, María Durán, ex presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Quien no estará en el Comité de Expertos será la ACAI, Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El Gobierno, que ya planteó un cambio de la ley en 1994 y 2004, se ha comprometido a realizar una "reforma vanguardista".

Ley de plazos y no casos

En España el aborto está despenalizado sólo en tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas), malformación fetal (hasta las 22) y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre (sin plazo).

Una ley de plazos implicaría que la mujer pudiera abortar sin acogerse a ninguno de estos tres supuestos hasta una determinada semana de gestación. Algo que, para algunos sectores, chocaría con la Constitución porque, aseguran, los derechos de la mujer prevalecerían sobre los que, teóricamente, tienen los no nacidos.