En esta primera jornada del macrojuicio que la Audiencia Nacional celebra contra 27 dirigentes de las organizaciones ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, los procesados justificaron su labor dentro de estas formaciones y acusaron a la Audiencia de promover la represión en el País Vasco.

 

Los acusados, para quienes la Fiscalía pide diez años de prisión, realizaron en sus declaraciones discursos plagados de términos como "presos políticos vascos", "estado de represión" o "derecho de autodeterminación" y acabaron anunciando que renunciaban a su derecho a la defensa.

  

El primer acusado en declarar ante el tribunal fue Juan María Olano, el máximo dirigente de Gestoras Pro Amnistía, se negó en una declaración en euskera a contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y, tras realizar un discurso de tintes políticos, renunció a su defensa al considerar que la condena contra él y los demás acusados "ya está escrita".

 

Antes de su renuncia, Olano reconoció que lleva "muchos años" trabajando para Gestoras y ha asegurado que durante ese tiempo se ha reunido con sindicatos, instituciones, y organizaciones populares par "defender los derechos humanos" de los ciudadanos del País Vasco. En este sentido, ha añadido que en el País Vasco "no se respetan los derechos civiles, ni políticos" y que existe un "sistema para mantener la represión".

 

Asimismo, ha declarado que "por la vía de la represión no hay solución" porque, a juicio de Olano, "es necesario respetar la decisión de Euskal Herría a través del diálogo y la negociación".

 

 

Los mismos derroteros siguieron las comparecencias del resto de acusados que declararon esta mañana. El segundo acusado en declarar, el responsable nacional de Gestoras, Julen Celaraían, aseguró que el tribunal que le juzga, presidido por la jueza María Teresa Palacios, "forma parte de la estrategia represiva del Estado". Por ello, dijo no esperar "justicia" del tribunal, tildó de "farsa" el juicio y renunció a ejercer su defensa jurídica.

 

El otro dirigente nacional de Gestoras Pro Amnistía, Aitor Ángel Jugo, dijo que el procedimiento "no tiene garantías jurídicas", por lo que también renunció a su defensa.

 

Lo mismo hicieron el resto de dirigentes territoriales de Gestoras Pro Amnistía Jagoba Terrones y Julen Larrinaga (Vizcaya), Aratz Estomba y Ainoa Irastorza (Guipúzcoa) e Iker Zubia (Álava), cerrando la lista de acusados que declararon esta mañana.

 

Según el escrito de conclusiones del fiscal, Gestoras Pro Amnistía "es una de las estructuras que forman parte del entramado de ETA" y que fue directamente financiada por ésta "al menos hasta 1991".

 

El Ministerio Público considera que esta organización ejercía el control de los presos de ETA, actuaba como enlace entre los reclusos de la banda y la dirección de ésta, y aseguraba "el sometimiento a la disciplina orgánica de la banda" de los encarcelados.