La crisis política boliviana ha dado así un nuevo giro que encamina al país a una consulta popular para revocar o ratificar el mandato de Morales, de su vicepresidente, Alvaro García Linera, y el de los nueve prefectos (gobernadores), la mayoría opositores.

Fue Morales quien, en diciembre de 2007, presentó el proyecto de ley sobre el referéndum ante el Congreso Nacional cuando el país vivía una tensa situación relacionada con el proceso constituyente. Esa propuesta, tras ser aprobada en primera instancia en la Cámara de Diputados, permaneció varios meses bloqueada en el Senado.

“Quiero reiterar mi posición de someternos al pueblo, que nos diga quién sirve y quién no para gobernar”, dijo el mandatario, para quien esa consulta “es una forma de profundizar la democracia” en el país y una expresión de respeto a la legalidad, al Estado de Derecho y al Congreso Nacional.

Según la legislación boliviana, la consulta deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes al visto bueno del mandatario. En ella se preguntará a los bolivianos si están de acuerdo con “la continuidad del proceso de cambio” encabezado por Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, así como con la permanencia de los gobernadores.

La ley establece que para revocar los mandatos hace falta que el 'no' supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios nacional y departamentales de 2005 -donde fueron elegidos Morales, su vicepresidente y los actuales prefectos-, como el número absoluto de votos que obtuvieron.
En el caso de Morales y su vicepresidente, quedarían revocados si el 'no' a su continuidad es superior al 53,7% de apoyo que consiguieron en 2005 y a los 1.544.374 votos que cosecharon.

Ante unas posibles elecciones

En el caso de que los bolivianos decidieran revocar al presidente y vicepresidente, Morales debe convocar elecciones generales en un plazo de tres a seis meses. En el caso de los prefectos (gobernadores), éstos deberían abandonar su cargo de forma inmediata si su mandato no obtiene el apoyo suficiente y ser sustituidos por un gobernador interino designado por el presidente de la República.

Horas antes de producirse esta decisión, Morales había convocado a los prefectos opositores a una reunión el próximo lunes para buscar una salida a la crisis política del país, agravada con el referéndum autonomista celebrado el pasado domingo en Santa Cruz.

Movimiento autonomista en pie

En los últimos meses, la crisis boliviana ha estado marcada por el enfrentamiento entre el proyecto constitucional de Morales y el proceso autonomista liderado por la próspera región de Santa Cruz.

Las autoridades y líderes cívicos opositores de Santa Cruz celebraron el domingo un referéndum sobre el estatuto autonómico regional, considerado ilegal por la Corte Nacional Electoral y por el Gobierno, que llamó a no participar en él.

El 'sí' a ese estatuto ganó con un apoyo cercano al 85%, según los últimos datos de la Corte Electoral Departamental cruceña cuando el escrutinio se encuentra casi finalizado, aunque el Gobierno de Morales tacha de 'fracaso' la consulta por la alta abstención.