laSexta|Noticias

La ciudad de Cali, capital de la región de Valle del Cauca (Colombia) recibe a más de 30 mil manifestantes indígenas que participan desde el pasado martes en una marcha en la que exigen respeto por parte del ejecutivo de Álvaro Uribe, y la puesta en marcha de multitud de acuerdos que -dicen- "no han pasado del papel".

Mucho ha cambiado el panorama en el Valle del Cauca desde que, el pasado 12 de octubre, los aborígenes se declararan "en minga" (marcha) exigiendo la presencia y atención del Presidente Uribe, quien no sólo se negó a asistir, sino que además alegó que detrás de la protesta se oían los latidos del terrorismo, e incluso mandó a la fiscalía a investigar al líder indígena, Daniel Piñacué.

Ahora Uribe llama al pueblo indígena al "sentido de hermandad" para deliberar juntos, mientras que Piñacué invita al presidente a "fumar la pipa de la paz". Los manifestantes exigen al gobierno el respeto y la atención que merecen tras años de compromisos incumplidos y sucesivos gobiernos desde 1971.

Peticiones indígenas

Entre las principales demandas del pueblo a su gobierno destacan la entrega de tierras prometidas desde hace años, y el rechazo a una serie de planes (código de minas, estatuto rural, planes del agua, etc) que van claramente en detrimento de la población indígena y que han sido aprobados sin consulta alguna.

El líder indígena asegura que necesitan esas tierras para "mantenernos culturalmente, para trabajarlas y obtener los productos necesarios para nuestras comunidades, evitando de esta manera los desplazamientos hacia las ciudades y la pérdida paulatina de identidad".

Piden, además, que se lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre los miles de crímenes acometidos contra las comunidades nativas, y que se castiguen en consecuencia, así como la aprobación del Derecho de los Pueblos Indígenas.

Manchados de sangre

La manifestación comenzó con la muerte de tres indígenes que reclamaban, como el resto de sus compañeros, esos mismos derechos. Fue Piñacué quien declaró ante los medios de comunicación que el ejército había usado armas de fuego para disipar la manifestación, denuncia que fue desmentida desde el gobierno de Uribe y que le valió al líder aborigen la amenaza de cárcel.

Finalmente, el presidente Uribe reconoció el jueves que sí se habían utilizado armas de fuego, por lo que no ha tenido más remedio que ceder.