El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha sentenciado que España infringió la legislación comunitaria en la opa de E.On sobre Endesa, al imponer condiciones ilegales a la fallida oferta pública de adquisición lanzada por la eléctrica alemana. El Gobierno deberá ahora pagar los costes del proceso.
De acuerdo con el fallo del Tribunal, España vulneró el Derecho comunitario al no retirar, dentro de los plazos señalados, las condiciones impuestas a E.On para la compra de Endesa, declaradas incompatibles con las leyes europeas.
En la sentencia dictada este viernes, el Tribunal de Justicia da así la razón a la Comisión Europea, que había denunciado que estos requisitos vulneraban los principios de libre circulación de capitales y mercancías, así como el derecho de establecimiento.
En respuesta, el Gobierno español – acusado de favorecer una solución nacional para la compra de Endesa- argumentó que las condiciones no solo eran compatibles con la normativa comunitaria, sino que eran esenciales para garantizar la seguridad del suministro.
En este sentido, tras conocer el fallo, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, manifestó su desacuerdo con la sentencia. Según el dirigente español, el Gobierno de España tiene la potestad en la adopción de decisiones “de tipo estratégico-nacional”.
En un acto con empresarios, Solbes lamentó la “contradicción” que existe en la legislación comunitaria sobre energía, ya que permite a los países aducir razones de estrategia nacional para poner condiciones a una operación en el sector, pero en la práctica la Comisión Europea no las acepta.
Decisión tardía
El fallo del Tribunal llega, no obstante, tarde para E.On, que ya renunció a la opa en abril de 2007, tras la presentación de una nueva oferta pública por parte de Enel y Acciona. Este consorcio se hizo, finalmente, con el control de la eléctrica española.
A pesar de esto, la sentencia supondrá la apertura de un expediente contra España y podría servir como referencia en el enfrentamiento de la Comisión y el Gobierno español por las condiciones impuestas en la opa de Enel y Acciona, similares a las aplicadas a E.On.
Además de este caso, el Tribunal de la UE tiene también pendiente de resolución otra denuncia de la Comisión Europea contra España por el decreto con el que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía, competencias que permitieron endurecer las condiciones de la opa sobre Endesa.
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