AGENCIAS

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado en la Comisión Constitucional del Congreso las posibles reformas de la ley electoral, rechazando al mismo tiempo la posibilidad de que haya un cambio de "modelo electoral", ya que el actual "ha contribuido decisivamente a la gobernabilidad y a la estabilidad política de España".

Lo que sí quiere María Teresa Fernández de la Vega es conseguir que los españoles emigrantes puedan participar en las elecciones a través de Internet mediante el conocido como voto electrónico, dadas las dificultades que a su juicio conllevan las técnicas del voto en urna en las oficinas consulares.

De la Vega ha reiterado también la voluntad del Gobierno de que los inmigrantes legales en España puedan votar en los comicios municipales, anunciando que el Ejecutivo nombrará un embajador en misión especial para negociar con sus países de origen acuerdos de reciprocidad.

De cualquier modo, De la Vega aclaró que la propuesta tendrá un impacto limitado, porque la Constitución o la legislación de los principales países de origen de los inmigrantes impide en la actualidad reconocer el derecho de sufragio en sus elecciones a los españoles.

La vicepresidenta considera necesario "abrir la puerta al voto presencial en urna electrónica, o el voto electrónico por Internet", una modalidad que podría convivir con el actual sistema de voto por correo o con el antiguo sistema de "voto rogado", que exige expresar por anticipado el deseo de votar.

El voto de los inmigrantes

Respecto al voto de los inmigrantes residentes en España en las elecciones locales, De la Vega ha explicado que, por el momento, los tratados de cooperación y amistad firmados con Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela prevén la reciprocidad que exige la Constitución española, aunque se necesitan acuerdos complementarios.

El Gobierno tiene intención de negociar con esos países y también de explorar la posibilidad de firmar tratados similares en países cuya Constitución permite extender el derecho a voto a los extranjeros, como Bolivia, Paraguay, Perú o Islandia.