La magistrada había decretado prisión provisional eludible con fianza de 2.000 euros para Francisco Yepes Ricart, al que acusa de un delito contra la salud pública, otro delito de omisión del deber de perseguir delitos y un tercero de descubrimiento y revelación de secretos. Al margen de la fianza, le ha impuesto la medida cautelar de suspensión de cargo y empleo público.

En el caso de César Torollo Pérez, y también por solicitud del Ministerio Fiscal, la titular del juzgado ha decretado la libertad provisional eludible con fianza de 1.500 euros. Le acusa de un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de perseguir delitos.

Consumían pero no distribuían

La responsabilidad de los dos agentes se reduce al consumo de droga y no a la distribución, según fuentes jurídicas consultadas por la agencia Efe, que aseguran que su implicación "es mucho menor de lo que se ha publicado en la prensa"; asimismo, aseguran que "no existe un cabecilla" ni "una trama" de corrupción policial.

En cuanto a Tomás Felipe Boto, jefe de la Policía Local de El Molar, también detenido por su implicación en el caso, se ha decretado la libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces sea llamado.

La investigación que ha permitido la detención de estas personas comenzó hace algunos meses cuando tuvo conocimiento de que "algún componente del Cuerpo" podía estar vinculado a una organización que distribuía cocaína a pequeña escala en localidades próximas El Molar, según informó la Dirección General de la Guardia Civil.
  
La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil inició entonces una investigación que llevó los pasados días 11 y 12 a la detención de estas diez personas "por la distribución de estupefacientes a pequeña escala". Los agentes practicaron nueve registros en domicilios en los que se intervinieron pequeñas cantidades de cocaína y útiles para cortar la droga y preparar la dosis.