Es la sentencia del juez para los represores argentinos Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, que por su avanzada edad la pasarán en sus casas como si nada.
Los jueces condenan a los dos ex generales al considerar que la desaparición del senador Vargas Aignasse constituyó un delito de lesa humanidad, ocurrido a los pocos días del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Tras la lectura del fallo, los presentes en la sala de audiencias estallaron en aplausos, mientras los familiares de las víctimas y militantes de organismos defensores de los Derechos Humanos se abrazaban alborozados. Es el primer juicio que se realiza en la provincia de Tucumán por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
El fiscal federal general Alfredo Terraf había reclamado la condena de prisión perpetua para los dos ex represores y que cumplieran la pena en una cárcel común, revocándose así el beneficio de la prisión domiciliaria que finalmente van a disfrutar.
Bussi se defendió entre llantos de la acusación y dijo a los jueces esta mañana que "al señor Vargas Aignasse no lo vi, ni lo traté en toda mi vida", y aseguró que la orden de detención contra el senador peronista había sido dictada por los jefes de la dictadura. "La orden (de detención de Vargas Aignasse) era de carácter inexcusable e insoslayable y provenía de la Junta Militar", dijo Bussi.
"Los argentinos estamos sufriendo una guerra desatada por los sicarios vernáculos del comunismo internacional", dijo Menéndez y señaló que "los terroristas que entonces estaban en la ilegalidad ahora se apropiaron de la legalidad y pretenden ser pacíficos ciudadanos y convertirnos a su sistema esclavista".