El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido uno de los primeros en pronunciarse sobre una de las promesas electorales del líder del PP, Mariano Rajoy, en materia de inmigración. El candidato popular ha propuesto la implantación de un un contrato de integración para inmigrantes por el cual tendrán los mismos derechos que los españoles pero deberán comprometerse a "cumplir la ley, aprender la lengua y respetar sus costumbres".

"Absolutamente superfluo" y vacío de contenido, así considera el jefe del Ejecutivo este "contrato de integración" para los inmigrantes, ya que su contrato, como el de todos los ciudadanos, es "cumplir las leyes".
  
Más duras han sido las críticas del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha definido las propuestas de inmigración de Rajoy de "humo con un tufo de xenofobia", en consonancia, ha dicho, con el desplazamiento del PP hacia la derecha durante la legislatura y especialmente en los últimos meses. "¿Quién va a establecer el catálogo de buenas costumbres, cuáles son, las de Rajoy o las mías, las del señor Rouco o las de los agnósticos, las de los padres o las de los hijos?", se ha preguntado Rubalcaba, quien ha insistido en que a los extranjeros en España se les aplican las mismas leyes y derechos que a los españoles.

"Anticonstitucional", "xenófoba" y "homologable a la extrema derecha centroeuropea" han sido los adjetivos utilizados por el líder de IU, Gaspar Llamazares, para referirse a la propuesta del PP, un contrato, a su juicio, "leonino" con "cláusulas abusivas y basadas en el miedo, la desconfianza y la uniformidad".

En el PP no ven problemas

Desde el PP han defendido mientras tanto la medida anunciada ayer por su presidente, al entender, como su secretario ejecutivo de Economía y Empleo, Miguel Arias Cañete, que los españoles tienen "derecho" a pedir a los inmigrantes que se integren y, si no lo logran, que vuelvan "voluntariamente" a sus países. Ha afirmado además que los trabajadores extranjeros cuando llegan a España se "acostumbran" a que la sanidad es gratuita y "colapsan" las urgencias.

Tras insistir en que los inmigrantes han sido "útiles" para el desarrollo de la economía, ha recordado que el 48 por ciento de empleos que se han creado en esta legislatura los han ocupado trabajadores extranjeros, la mayoría, ha dicho, personas poco cualificadas, poco formadas y con salarios muy bajos. El dirigente popular ha bromeado al respecto diciendo que ya es difícil encontrar un camarero como los de "antes" al que le encargues una larga comanda y sea capaz de memorizarla.

La responsable de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, ha explicado, por su parte, que se trata de un "contrato formal de compromiso recíproco, donde los poderes públicos se comprometen a conceder a los inmigrantes todos los derechos y prestaciones que a un español, ayudarles en su integración y respetar sus costumbres y creencias, siempre que no vayan en contra de nuestras leyes".

Las asociaciones responden

La propuesta del PP ha sido criticada por diversas asociaciones de inmigrantes que la tildan de "racista" y "excluyente". Entre ellas están la Federación Nacional de Ecuatorianos en España, que habla de "criterios que sólo se desarrollarían en la Alemania nazi"; la Coordinadora de Ecuatorianos en España, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo o la Asociación de inmigrantes Rumiñahui, para la que se trata de medidas "excluyentes y reduccionistas".

Otras, como la Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos, la Asociación de Inmigrantes Marroquíes en la Comunidad de Madrid o la Asociación Pueblos del Ecuador en Madrid han valorado la propuesta y han invitado a los inmigrantes a analizarla "en profundidad".