Después de meses de investigación, el alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y sus tres supuestos colaboradores se enfrentan desde las 9:30 del lunes al primer juicio por el escándalo de corrupción destapado en esta localidad mallorquina. Los otros tres acusados son el ex director general de Ordenación del Territorio del anterior Gobern balear, Jaime Massot, y el ex celador de obras municipal, Jaume Gibert.

Los acusados tendrán que responder ante los jueces del tribunal por la supuesta comisión de los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, como parte de la primera gran causa de corrupción urbanística de la isla.

La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos entre 2 y 9 años de cárcel y elevadas indemnizaciones por la construcción de una vivienda unifamiliar, propiedad de Hidalgo, en una caseta de herramientas y aperos situada en una zona protegida de Andratx (Área Rústica de Interés Paisajístico).

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, compuesta por el presidente del tribunal, Juan Catany, y los magistrados Juan Pedro Yllanes y Giego Gómez-Reino, es la encargada de juzgar esta primera pieza, de las 70 instruidas hasta el momento en el 'Caso Andratx', y está previsto que las vistas se alarguen tres días.

Una “trama” en su contra

En el primer interrogatorio, el fiscal anticorrupción Juan Carrau ha preguntado a Hidalgo sobre la ausencia de varios documentos en la solicitud del expediente de la caseta de su propiedad construida en el municipio, solicitud realizada por el Juzgado de Instrucción en julio de 2006.

En respuesta, el ex alcalde, quien ha subrayado que no está de acuerdo con la acusación, ha dicho que la desaparición de estos documentos se debe a una “trama” en su contra y que él dejó todo “en manos de los funcionarios”.

"Yo en el Ayuntamiento de Andratx he estado vendido", ha apostillado Hidalgo, quien en otro momento de su comparecencia ha asegurado que sufría tanto estrés en el consistorio que no entiende cómo no le ha dado "un infarto".

El ex alcalde también ha negado haber obligado a las funcionarias Ana Abarca y Cinta Moyà, instructoras del expediente, a ir a ver a su abogado, Manuel Perera, y haberles pedido que ocultaran documentos.

"Jamás le pediría a un funcionario saca esto o lo otro porque estaría para toda la vida en manos de un funcionario", ha dicho.
Sobre la destrucción de documentos realizada por Hidalgo al abandonar su despacho, el ex alcalde ha precisado que sólo se deshizo de "fotocopias de las actas".

Hidalgo ha explicado sus contactos con el asesor de Urbanismo del consistorio y entonces director general, Jaime Massot, "porque los funcionarios que llevaban los expedientes no estaban capacitados", y para realizarle consultas jurídicas.

"Consulté al señor Massot, y en una semana me dijo que se podía hacer una ampliación de unos 40 metros totalmente diáfanos y me buscó a un ingeniero agrícola que hizo el proyecto", ha explicado.

Acerca de su relación con el celador del Ayuntamiento, Jaume Gibert, Hidalgo ha reconocido haberle dicho que, si no conseguía que el perito firmara el final de la obra, se iba a la calle.