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Cárcel para los responsables de Gestoras

El alto tribunal considera ilícita la organización y ordena su disolución. Las penas a las que se enfrentan oscilan entre los 8 y 10 años de prisión.

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El portavoz de Movimiento Pro Amnistía, Juan Mari Olano.

17/09/08

AGENCIAS

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido la prisión provisional incondicional para 15 de los 21 responsables de Gestoras pro Amnistía condenados a penas de entre 8 y 10 años de cárcel, mientras que para los otros seis ha pedido otras medidas que no suponen su ingreso en la cárcel.
  
Así lo ha manifestado Zaragoza después de que la magistrada Teresa Palacios, presidenta del tribunal que ha enjuiciado estos hechos entre abril y junio, haya leído el fallo de la sentencia de la que ha sido ponente en el pabellón de la Casa de Campo en el que se celebró el juicio.
  
Zaragoza ha explicado que el motivo de solicitar el ingreso en prisión de 15 de los 21 condenados -entre ellos el portavoz de la organización de apoyo a presos etarras, Juan María Olano- es, además de la propia sentencia condenatoria, el riesgo de fuga existente.
  
Aparte de Olano, condenado a 10 años de cárcel en calidad de dirigente de Gestoras pro Amnistía, Zaragoza reclama el ingreso en prisión inmediato para los otros dos condenados como máximos responsables de la organización, Julen Zelarain y Aitor Ángel Jugo.
  
Los otros 12 son: Joseba Gotzon Amaro, Jesús Felipe Arriaga, Jon Imanol Beaskoa, Alejandro Velasco, Jorge Chocarro, Teresa Díaz Heredia, Sabin Juaristi, Iñaki Loizaga, José María Olabarrieta, Asier Vilumbrales, Iker Zubia y Joseba Iñaki Reta, quien no ha acudido hoy a la lectura del fallo de la sentencia.
  
En las vistillas que se están celebrando a puerta cerrada, Zaragoza pedirá para los otros seis medidas más leves ya que, según ha señalado, al ser condenados a penas inferiores (8 años), muchos de ellos no irán a la cárcel porque la mayoría ha cumplido entre tres y cuatro años de prisión preventiva (el límite máximo).
  
En este caso, ha señalado, la ley establece que si han cumplido la mitad de la condena deben permanecer en libertad hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación.

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