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La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha informado de que no existe riesgo alguno para la salud, relacionado con el accidente ocurrido en noviembre en la central nuclear de Ascó (Tarragona), de acuerdo con los datos de la Red de Alerta a la Radiactividad (RAR).

Según el comunicado, las mediciones de este sistema de alerta (que permite conocer la medida de la radiación gamma y su tendencia, en 902 puntos distribuidos en toda España y en tiempo real) registraron, el pasado 4 de abril en las proximidades de la Central de Ascó, un nivel de radiación gamma máxima de 0,100 microservios/hora, mientras que el umbral de riesgo para la población establecido por el Consejo de Seguridad Nuclear es de 0,575 microservios/h.

No obstante, el CNS ha puesto en marcha un "plan exhaustivo" de vigilancia exterior y supervisión de control de contaminación medioambiental para detectar nuevas partículas radiactivas en la zona cercana a la planta.

Control inadecuado de material radioactivo

El suceso, además, ha sido reclasificado a Nivel 2 en la Escala INES, por el inadecuado control del material radiactivo y por proporcionar información incompleta y deficiente al Organismo regulador.

Esta escala abarca desde el 0 (sin significación para la seguridad) hasta el 7 (accidente grave), y el 2 está considerado como un "incidente".

Examen a los 44 estudiantes

Las medidas de respuesta a la fuga nuclear incluyen también la revisión médica de los 44 estudiantes de cuarto de ESO que, el pasado 4 de abril, visitaron la planta de Ascó. Una unidad móvil de la central se desplazará hasta el Colegio Maristes de Gerona, para llevar a cabo los exámenes médicos, durante los próximos días.

Esta iniciativa no ha impedido que la dirección del colegio lanzara duras críticas contra la central. Según el máximo responsable del centro, Robert Serra, si la dirección de Ascó sabía que se había producido el vertido, no debió haber permitido que los alumnos visitaran las instalaciones.

Cierre de Ascó

Las críticas han llovido a su vez por parte de las organizaciones ecologistas catalanas, como el Gepec, Ecologistas en Acción y Ecologistas de Cataluña, que reclaman el cierre preventivo de la planta y la retirada de la licencia de explotación a la central nuclear de Ascó I.

Los ecologistas exigen también que el suceso sea declarado de Nivel III – el de mayor gravedad-, ya que se trata de un “incidente importante”, similar al que en 1989 provocó el cierre de la central de Vandellòs I.

Alarma social

El incidente en Ascó tampoco ha dejado indiferente al Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación de carácter informativo debido a la “alarma social causada” por la fuga.

El Defensor del Pueblo ha pedido al CSN la remisión urgente de distintos informes acerca de aquellas circunstancias que considere relevantes, descripción de los hechos y medidas adoptadas y futuras, incluidas las dirigidas a depurar responsabilidades y sancionar posibles infracciones, como el ocultamiento de información.