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Las órdenes de clausura por "infracciones graves" han partido del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en el caso de La Riviera, que tenía programados diez conciertos hasta fin de año, y de Macumba, y de las juntas de distrito en los de Moma 56, en la calle de José Abascal (Chamberí), y But, en la plaza de Barceló (Centro).
  
Los cierres de estas salas se producen dos días después de la clausura, el pasado día 19, de la discoteca El Balcón de Rosales, ordenada como consecuencia de la muerte del joven Álvaro Ussía, supuestamente agredido por un portero del local, y que acumulaba numerosas denuncias por diferentes infracciones.

Aproximadamente 50 locales
  
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, afirmó el jueves que aproximadamente 50 establecimientos acumulan, en algunos casos, hasta más de un centenar de denuncias. A mediodía de este viernes, el Consistorio procedió al cierre de La Riviera sobre la que, según informó el PSOE, pesaba una orden de cierre y precinto desde enero de 2007.

La razón oficial alegada por el área de Gobierno de Urbanismo, responsable de la decisión, es que "la actual licencia de funcionamiento no se ajusta a las modificaciones que se han hecho en el local y que requieren, por tanto, de una nueva licencia de funcionamiento que se está tramitando en la actualidad".

Solicitud de información

Esta acción responde a la solicitud realizada el pasado mes de febrero por el Grupo Socialista, quien solicitó información sobre la sala al Gobierno municipal, debido a las continuas quejas por los problemas de ruidos y tráfico que ocasionaban a los vecinos del paseo Virgen del Puerto, en la que se encuentra La Riviera, que habían presentado incluso 285 firmas solicitando el cierre este establecimiento madrileño.

A esta petición le llegó una respuesta del Ejecutivo local a los pocos días informando de que los datos del coordinador general de Seguridad arrojaban un total de 138 llamadas recibidas por la Central de Comunicaciones de Policía Municipal entre 2005 y 2007, periodo en el que además se realizaron catorce inspecciones y se presentaron 35 denuncias.

Críticas

Ante esta contestación, el edil socialista Óscar Iglesias llevó este asunto a la Junta del Distrito de Arganzuela, donde los votos del PP y de IU impidieron que saliera adelante su propuesta de instar al Ayuntamiento a "actuar contra esta situación de ilegalidad" y a "cumplir la clausura y el precinto establecidos por ellos mismos".

En aquel Pleno de distrito, Iglesias alertó no sólo de las desigualdades que podrían crearse aplicando la ley a algunos empresarios y no a otros, sino también del "problema de seguridad física" que podría suponer para los propios ciudadanos que acudieran a la zona. Ahora, finalmente se ha procedido al cierre de la discoteca.