Jubilados, paro y libertades

Con o sin PSOE lo de las pensiones era predecible desde hace años. Dentro de un Estado de Bienestar que contemple la jubilación de sus ciudadanos también se incluye el que esos ciudadanos que se jubilan tengan como base de la pirámide a una juventud con trabajo que pague sus impuestos y envíe parte de su dinero a sostener el sistema.

Desde hace algunos años, sin embargo, los analistas alertaban sobre los problemas para sostener dicho sistema. Cada vez había más jubilados, cada vez se les pagaba las pensiones durante más años y cada vez había menos trabajadores jóvenes para mantener los andamios de la construcción estatal. Luego llegaron los inmigrantes y durante un tiempo pareció que aquella inyección de sangre nueva permitiría mantener el statu quo nacional. Hasta que vino la crisis y todas las previsiones se fueron al carajo.

La crisis implica paro, reconversiones masivas, menos impuestos, menos recursos y, ante esta situación, surgen las propuestas. Jubilaciones más tardías, reducción de salarios y demás cuestiones que tocan la fibra sensible del trabajador. Y con razón. A nadie le gusta saberse sin pensión futura o verse obligado a trabajar más años. Menos aún que recorten su salario. Pero de este modo los estados pretenden contener la marea deficitaria y mantener el edificio en pie.

Sin embargo poco en pie puede mantenerse un edificio si la base falla. La crisis sigue trayendo paro y sin trabajadores que coticen no hay recaudación y por tanto no hay sistema social que valga. Frente a esto la solución es clara: crear empleo. No sólo para devolver las cosas a su situación anterior, sino también para continuar creciendo. En este segundo punto la inmigración puede ser decisiva, ya que si consiguiésemos crear trabajo para todo aquel que lo quiera tendríamos unas cuentas mucho más sanas.

La cuestión es cómo. Lo general será pedir al Estado que actúe, que cree empleo sin tregua, pero en realidad no es el Estado el que debe crearlo. Si un Estado crea trabajo recurre a nuestros impuestos para pagar los sueldos de los trabajadores que, por ejemplo, construyen una infraestructura pública en una ciudad. Ese sueldo, por tanto, no se convertirá en pensión y seguirá siendo necesario retrasar la jubilación o tomar otro tipo de medidas que vayan en contra de los derechos de los trabajadores.

Pero si ese trabajo lo crea el sector privado (los ciudadanos) entonces el Estado podrá dedicar el dinero que antes dedicaba a crear empleo directo a mantener el sistema. En este segundo supuesto lo que sí debería hacer el Estado es facilitar la creación de empresas y, por encima de todo, mejorar las condiciones de los autónomos, el verdadero sector emprendedor de nuestro país que, sin embargo, siempre ha estado maldito y debe atenerse a un reglamento demasiado estricto.

Ésta, a mi juicio, es la propuesta más adecuada si queremos un sistema con derechos sociales para la ciudadanía. Además favorece las libertades personales mucho más, porque permite al ciudadano ser su propio dueño y facilita su ánimo emprendedor (cuando lo tenga). Lo malo de esto es que la burocracia y las dificultades varias generadas por el propio Estado lo complican. De ahí la necesidad de tomar medidas en este sentido.

Frente a esta idea tenemos otra de la que me hablaban ayer. Como siempre en estos tiempos de crisis los liberales tienen también algo que decir, y sus propuestas pasan sin duda por las facilidades en el tema burocrático del que hablábamos antes (o más bien por su eliminación) y por la libertad absoluta del individuo a la hora de decidir cuándo se jubila y con cuánto dinero. En resumen, que si quieres jubilarte con una pensión de 100 euros mensuales a los 35 puedas hacerlo asumiendo las consecuencias de tus actos y que vas a morirte de hambre.

La idea, sobre el papel, es buena. Tanto que no se me ocurre un argumento en contra. Sigo siendo partidario del justo medio pero cuantas más libertades, por absurdas que parezcan, mejor nos irá. Además, esa clase de cosas nos enseñan lo que ya he dicho en alguna ocasión anterior: no es deber del Estado salvarnos por sistema o echarnos agua oxigenada en las heridas. Como tampoco es deber del Estado proteger a los bancos o dejar que sus ciudadanos sufran las consecuencias de las malas gestiones de los gigantes privados.